La Comisión de Veeduría Ciudadana COVID-19 creada para vigilar, dar seguimiento y monitorear los procesos de compras y contrataciones durante el estado de emergencia, identificó procesos irregulares que involucraban más de RD$1,000 millones.
elCaribe confirmó la información con Manuel Luna, representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada y coordinador de la comisión, quien explicó que por los trabajos realizados de monitoreo y la colaboración de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), alertaron a la Presidencia y los procesos fueron declarados desiertos y cancelados.
“Habían alertas en esas licitaciones. Nosotros alertamos a la Dirección de Compra y al ministro Gustavo Montalvo de que había situaciones, por lo que recomendamos que se declararan desiertas. Inmediatamente Presidencia dio por cancelado los procesos”, dijo Luna
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